4T ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA

0
185

El uso populista y descarado de los programas federales de bienestar en busca de amarrar triunfos electorales, inútil ante las problemáticas reales que aquejan a la ciudadanía, principalmente en materia económica y de seguridad

SALVADOR CANTO

Quintana Roo vive una completa incertidumbre de cara al próximo proceso electoral para la renovación tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, con precandidatos y partidos políticos carentes de credibilidad, algunos incluso entre severas pugnas internas que evidencian la falta de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen sus dirigentes y que dejan en evidencia una completa simulación política.

Con base en el último informe del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex) el cual evalúa el comportamiento y desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país, en donde se aporta la posibilidad de conocer los puntos flacos de las jóvenes democracias locales, se considera a Quintana Roo con un desarrollo medio, en el puesto número 17, debajo de Campeche y Durango, pero encima de Tabasco y Guanajuato.

Para los ciudadanos de Quintana Roo lo preocupante, más allá de los partidos políticos, es que los gobiernos en funciones mantienen severas fallas e irregularidades en cuanto a la conducción de programas sociales federales, una indiscutible falta de infraestructura pública local y sobre todo, un aumento desmedido de la inseguridad en los principales municipios turísticos de la entidad desde hace varios años.

Lamentable es también que en vísperas del proceso electoral, el partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de cara a la elección ha puesto en marcha una enorme maquinaria centrada en el populismo en las entidades en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio y para ello emplean los diversos programas federales de bienestar para incrementar el clientelismo electoral en beneficio de sus candidatos.

Lo anterior representa una clara intromisión de las autoridades merced al millonario reparto de recursos etiquetados para diversos programas, que podría influir en el resultado de las votaciones.

De hecho, el propio dirigente de ese instituto político en Quintana Roo, Humberto Aldana Navarro, reveló en días pasados que le solicitará al “súper delegado” estatal incidir en las zonas de Quintana Roo donde se requiere de mayor apoyo. “Vamos a platicar con el licenciado (Arturo) Abreu para decirle en dónde hay que focalizar la atención porque existe carencia de los programas”, reconoció en entrevista con medios locales.

Por otra parte, el pasado 24 de enero, durante la conferencia “mañanera” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció que debido a la veda prevista por las autoridades electorales se adelantará el pago de programas sociales en las entidades en donde habrá votaciones, entre ellas Quintana Roo, por lo que los beneficiarios obtendrán una mayor cantidad de dinero justo en el momento de mayor algidez en el proceso electoral.

A todo lo anterior se le añade la “guerra sucia” que se ha comenzado a gestar entre los precandidatos, algunos de los cuales han emprendido ya una franca campaña adelantada por todo el estado, aprovechando los lineamientos del Instituto Estatal Electoral (Ieqroo) relacionados con los procesos internos de los partidos para seleccionar a sus candidatos.

Populismo descarado con programas federales

Pese a que existen leyes que prohíben hacer propaganda electoral con programas de gobierno, esto ha pasado a segundo término para las autoridades federales, que han centrado su atención en seis de los 32 estados, donde habrá elecciones para renovar sus gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

Y justamente en Quintana Roo, en vísperas del proceso electoral, la dirigencia estatal de Morena anunció que pedirán al delegado de programas federales en la entidad, Arturo Abreu Marín, que se focalicen las ayudas sociales para que estas lleguen a todos los ciudadanos.

A través de declaraciones a medios locales, tras la gira que ha comenzado a hacer por los municipios, el representante de ese partido en la entidad, Humberto Aldana Navarro, sostuvo que platicarán con el delegado Arturo Abreu para determinar dónde hay que focalizar la atención y la carencia a los programas de la 4T (Cuarta Transformación).

Señaló que uno de los municipios a donde no llegan las ayudas sociales es Felipe Carrillo Puerto y en donde “nos hemos comprometido a canalizar algunas carencias en la distribución de los programas del Bienestar, porque hay algunos programas que llegan y otros no”.

En medio de todo esto, el propio gobierno federal dio a conocer que debido a la veda electoral por el proceso de Revocación de Mandato y las votaciones que se llevarán a cabo en seis estados para elegir a sus gobernadores, se adelantarán los pagos de la Pensión del Bienestar y de otros programas sociales que han sido impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y fue la propia Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, quien informó que en marzo próximo los beneficiarios de algunos programas recibirán un pago único de hasta 7 mil 700 pesos, que corresponde a dos bimestres, sobre todo en las entidades en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio.

“Vamos a buscar la forma de entregar por adelantado los apoyos a adultos mayores, a las personas con discapacidad y las becas, porque se vienen elecciones y habrá veda electoral”, dijo en plena conferencia matutina en donde acompañó al mismo presidente.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, celebró en sus redes sociales sin empacho este acto de clientelismo electoral, al ufanarse de que “el gobierno de México de nuestro presidente López Obrador adelantará el pago de los programas sociales cumpliendo con el compromiso que tiene con el pueblo de México”.

En ese contexto, los pagos de los bimestres marzo-abril y mayo-junio serán de 7 mil 700 pesos para los adultos mayores; 5 mil 600 pesos para personas con discapacidad y 3 mil 200 pesos para niñas y niños, en entidades federativas que han entrado en el proceso electoral.

El gran fracaso de los programas de bienestar social

La seguridad y pacificación, así como el combate a la delincuencia, han resultado un verdadero fracaso para el gobierno federal en México y desde luego, se ha replicado en Quintana Roo de forma evidente, pues no se han dado ni de lejos los resultados que la ciudadanía necesita.

De hecho, lo que es un secreto a voces es que Quintana Roo es una entidad sometida por la delincuencia, pues desde hace 15 años se encuentra envuelta en una espiral delictiva que ha llevado a que en las principales ciudades turísticas como son Cancún, Playa del Carmen y recientemente Isla Mujeres, Puerto Morelos e incluso Tulum, haya un evidente aumento de la inseguridad que se siente no sólo en las zonas urbanas, sino también en las áreas de afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Para el abogado Luis Armando Esquiel Orozco, expresidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, ha fallado la estrategia presidencial de “abrazos, no balazos” y eso ha permitido que los grupos delictivos hagan de las suyas con mayor facilidad.

De hecho, puso como ejemplo que en nada ha ayudado la llegada del tan cacareado batallón turístico de la Guardia Nacional, pues los hechos delictivos no han parado en lo absoluto y por el contrario, “los delincuentes ya se meten a asesinar adentro de los hoteles como si nada”.

En medio de todo esto y de cara a lo que será el próximo proceso electoral, el tema toral de los aspirantes a candidatos a la gubernatura sin duda deberá ser el de la seguridad, pero sobre todo, los compromisos que cada uno podrá asumir ante la ciudadanía y lo que tendrán que hacer en caso de verse favorecidos con los votos del 5 de junio próximo.

De acuerdo con el libro “Votos, drogas y violencia, la lógica política de las guerras criminales en México” de editorial Debate, escrito por Guillermo Trejo y Sandra Ley, los procesos de transición democrática, aunados a la fragmentación del poder político, han sido las principales causas del estallido e intensificación de las guerras en contra de los grupos del crimen organizado en México, así como su expansión a las esferas de la política local y la sociedad civil.

Se menciona que la democracia se encuentra secuestrada por los grupos del crimen organizado y su principal motivación para atacar y ganar más poder es la alternancia política.

La investigación se basa en una premisa que fue confirmada por hechos, datos y cifras: existe una “zona gris” en la que los grupos criminales pueden respirar, crecer, reproducirse y triunfar gracias a la protección del Estado.

Sin embargo, cuando el poder político cambia, la “zona gris” también lo hace, lo cual origina la violencia que se padece actualmente en México y que persiste desde hace más de 30 años.

Y al hablar de esta “zona gris”, se podría entender que en Quintana Roo, con una alternancia que ha gobernado durante los últimos cinco años y el proceso electoral que se avecina para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo, la situación de la inseguridad se ha expandido por los compromisos adquiridos por quienes nos han gobernado.

“Cuando transitan (las entidades federativas) del régimen autoritario a la democracia, sin reformar el sector de la seguridad —por medio de la democratización del Ejército y la policía o con procesos de justicia tradicional que expongan y castiguen a los actores represivos—, la dinámica de la competencia electoral y el cambio político introduce un alto grado de incertidumbre en la ‘zona gris’ de la criminalidad, socava la paz y abre la puerta a estallidos de violencia en el inframundo criminal”, se establece dentro del contexto de dicho libro.

Partidos políticos sin credibilidad

El Maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, considera que el actual sistema de partidos políticos que hay en México está desfondado y ya no tiene credibilidad, aunado a que carecen de verdaderos cuadros propios con ideales y objetivos concretos con los que puedan ser capaces de competir correctamente y por eso, recurren siempre a candidatos oportunistas como sucede actualmente en Quintana Roo.

El más reciente informe del Índice de Desarrollo Democrático en México dado a conocer la primera semana de febrero, ubica a Quintana Roo en la posición número 17 a nivel nacional, lo que representa la baja de una posición respecto a 2019, derivado de que la sociedad no ve ni avala a los partidos políticos.

Ante la falta de ideas, de valores y de principios, la política se ha convertido en un territorio salvaje, aprovechado por oportunistas ávidos de satisfacer sus ambiciones personales.

Para Arturo Germán Belmont, presidente del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), la desigualdad social es claramente un factor decisivo para el desarrollo democrático y en ese contexto, lo que demuestra el resultado de dicho índice, es un avance más lento debido al incremento de la desigualdad social en todo el país, lo que provoca que la sociedad no participe activamente no sólo en los procesos electorales, sino en toda la vida pública en general.

“México le está metiendo el freno de mano a la inercia de sus escasos 20 años de vida al desarrollo democrático, lo cual se debe a factores como la violencia, la pandemia de Covid-19, el desempleo, la centralización del poder, la cancelación de contratos de inversión en nuestro país, el desmantelamiento de nuestras diferentes instituciones y organismos reguladores autónomos entre ellos el INE, la acción selectiva de la justicia, etc. Todos son factores que afectan nuestra calidad de vida democrática”, explicó.

Descarado anuncio de obras en vísperas de elecciones

De acuerdo con Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Quintana Roo y miembro del Consejo Directivo de Ciudadanos por la Transparencia, A.C., que el gobernador del estado haya anunciado la remodelación del bulevar Colosio en Cancún y la construcción del Puente de la Laguna Nichupté en presencia del presidente de la República, debería darnos gusto a muchos cancunenses, porque sin duda “son buenas noticias, pero al mismo tiempo nos deja también muchas interrogantes”, señaló.

Añadió que el bulevar Colosio –“que ojalá no se llamara así”–,  es un tramo municipalizado que las administraciones municipales de Cancún en el pasado y la actual no se han preocupado por reparar.

“Mi pregunta es, ¿por qué nunca les importó modernizarlo?, ¿por qué el gobierno municipal actual, aún en funciones desoyó nuestros reclamos?; yo personalmente reuní más de tres mil firmas con esta petición que se hicieron públicas, explicó.

En cuanto al Puente de la laguna Nichupté –dijo–, es un tema que se ha planteado por décadas, e incluso el gobernador Carlos Joaquín ya lo tenía previsto pero el gobierno federal nunca le otorgó los permisos, es decir, no se pudo conseguir la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y ahora, repentinamente, es anunciado como un “proyectazo” al amparo de la 4T.

“Hay que tener en cuenta que en Quintana Roo no hay obra pública desde hace 18 años y Cancún, el destino turístico más importante de México, está en el abandono en infraestructura e imagen urbana desde hace años y ahora, en muy poco tiempo, justo en el año en donde habrá elecciones, se hacen todos estos anuncios”, mencionó el también cónsul honorario de Noruega en Quintana Roo.

La gran mentira de la descentralización de la Sectur

Uno de los grandes fracasos del gobierno federal es que a tres años del inicio de la administración, hasta el momento no se ha dado la tan cacareada descentralización de la Secretaría de Turismo a Quintana Roo, como se comprometió repetidamente el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La descentralización del Gobierno de México se mantiene a mediados de su gestión como uno de los pendientes del mandatario federal, que involucra a 13 secretarías y 19 entidades gubernamentales, de las cuales apenas cinco dependencias llevan avances parciales y tan sólo una ha completado su traspaso.

De acuerdo con informes de la propia Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República, de 13 secretarías, solamente Energía y Cultura se han reubicado parcialmente en Tabasco y Tlaxcala respectivamente.

Sin embargo, hay 11 secretarías que “no se han reubicado”: Bienestar a Oaxaca; Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a Sonora; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a Hidalgo; Educación Pública (SEP) a Puebla; Economía a Nuevo León; Función Pública (SFP) a Querétaro; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) a San Luis Potosí; Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Yucatán; Salud a Guerrero; Trabajo y Protección Social a Guanajuato, y Turismo a Quintana Roo.

Insisten en requisito de arraigo

De cara a la recta final para la aprobación de los candidatos, tanto para la gubernatura como para diputados, el Frente Cívico Quintanarroense no quita el dedo del renglón y en días pasados sus dirigentes volvieron al Congreso del Estado a solicitar al diputado Eduardo Martínez Arcila, una vez más, que les informe por escrito del estatus de las iniciativas para que regrese a la Constitución el requisito de por lo menos diez años de residencia para los aspirantes a cargos de representación popular y de gobierno.

Afirman que el actual es “el peor gobierno” que ha tenido Quintana Roo, el cual se va “sin corregir la traición al pueblo” perpetrada desde un principio.

Además, sostienen que han quedado en el olvido las iniciativas ciudadanas del Frente Cívico Quintanarroense y del Consejo Ciudadano de Chetumal, al igual que la presentada por el diputado Roberto Erales Jiménez, una de las pocas voces críticas de la decepcionante XVI legislatura.

Lamentan que lo primero que hizo Carlos Joaquín fue reformar la Constitución para eliminar el requisito de arraigo y poder traer a gente de Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán y otros estados a ocupar puestos y desplazar a los quintanarroenses.

Explican que la desaparición del arraigo ya generó en Quintana Roo una brecha de oportunidades perdidas para los jóvenes del estado, que tardará en cerrarse muchos años y seguirá ensanchándose, mientras la reforma no se materialice.

Deploraron que la peor legislatura en la historia de Quintana Roo se despedirá de los quintanarroenses sin atender sus demandas; no obstante, lamentan, reformas como la que permite que los diputados puedan presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “esas sí, las aprueban fast track, porque son reformas que se realizan para beneficiarse los propios diputados”.

De acuerdo con Héctor Ortega Contreras, militante fundador de Morena en Quintana Roo, el actual marco legal del estado ya es obsoleto y completamente opuesto a los preceptos de la Cuarta Transformación.

En un escrito difundido en sus redes sociales, explica que el marco legal de Quintana Roo tiene 136 Leyes Ordinarias y 22 Leyes específicas, que son las Leyes de Hacienda e Ingresos de cada uno de los 11 Municipios que comprende el Estado de Quintana Roo.

Añade que desde el punto de vista jurídico, Quintana Roo se rige por un amplio abanico de leyes que deberían garantizar la sana convivencia entre sus habitantes, así como la justicia social, laboral, económica y política.

Pero “por desgracia, la gran mayoría de esas leyes, están incompletas, o fueron creadas cuidando los intereses de los poderosos, no toma en cuenta los intereses de la gran mayoría de la población, de los pobres, los humildes, los olvidados de siempre, es decir, son letra muerta”, lamenta.